Por Margarita Cedeño de Fernández.-
DIARIO VISION.-En un Estado Social y Democrático de Derecho, el área más dinámica en cuanto a implementación de programas y proyectos, la diversidad de los actores públicos y privados que intervienen en ella y el impacto de sus ejecutorias, lo es el área social.
La multiplicidad de actores que se involucran en la política social, el volumen de los recursos invertidos, las distintas vertientes que demandan la atención del Estado y la realidad de que el impacto de las políticas sociales se vislumbra a muy largo plazo, son factores que inciden en la discusión sobre la institucionalidad de estos programas, en tanto los períodos políticos impactan sobre su vigencia y efectividad.
Esto ha traído una interesante discusión en los países con frágil institucionalidad, especialmente en Latinoamérica, donde existen dificultades para la coordinación de las políticas públicas de manera que existan como “sistemas consistentes y sostenibles de protección social”.
En el caso de la República Dominicana, la creación del Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales (GCPS) responde a esa inquietud, sirviendo de primer paso hacia la integración de los instrumentos de la protección social y la inversión focalizada para combatir la pobreza.
Lo cierto es que “una institucionalidad apropiada es (…) necesaria para garantizar que las políticas de protección social sean políticas de Estado que cuenten con un compromiso a largo plazo y con los recursos financieros y humanos adecuados para su ejecución”, tal y como lo afirman Simone Cecchini y otros investigadores de CEPAL en una obra reciente titulada “Instrumentos de Protección Social”.
No nos cabe duda de que el desarrollo social incluyente descansa sobre la institucionalidad de los programas de protección social y de la profesionalización de los recursos que inciden en los mismos.
Para ello, el Estado tiene la obligación de desarrollar una estructura institucional coherente, en consonancia con su planificación a largo plazo, que en nuestro caso quedó plasmado en la Ley núm. 1-12, que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La institucionalidad facilita el diseño adecuado de políticas públicas de inclusión social con calidad, coordinación, flexibilidad, innovación, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas.
Por esa razón, se requiere discutir las características de las instituciones que “rigen el diseño y puesta en práctica de las políticas sociales en la región”, de manera que el Estado pueda cumplir cabalmente las funciones de diseño, financiamiento, operación, supervisión y evaluación de las políticas sociales.
Esto nos lleva a reflexionar sobre distintos aspectos de la institucionalidad, específicamente los aspectos formales y los no formales, puesto que en toda regla se deben contemplar los aspectos empíricos y espontáneos que rigen las relaciones intergubernamentales y con la sociedad.
Como bien apunta Fabian Repetto, de la CEPAL, es preciso evaluar la “dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales”, puesto que para la coordinación de las políticas sociales se requiere una “cierta armonía institucional formal e informal”.
En definitiva, la función de protección social que tiene el Estado conjuga varios roles, los cuales deben ser organizados debidamente, de manera tal que la inversión en protección social sea eficiente y que sus efectos estén asegurados en el mediano y largo plazo, con un fin único: reducir la pobreza y tener un país ético y próspero.
