DIARIO VISION.-Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), apoyo la preocupación externada por el Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), señor James W. Brewster, sobre la posible corrupción a lo interno del Poder Judicial, a propósito de las recientes denuncias del Procurador General de la República, Dr. Francisco Domínguez Brito, quien señalara a varios jueces como prevaricadores e incluso llegara a pedir la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia.
EL presidente de la FJT, Trajano Potentini, justifico la preocupación y colaboración de la embajada de los estados unidos, en razón de la cooperación penal internacional que mantienen los EE.UU. con el país, fundamentalmente en los temas del crimen trasnacional del narcotráfico y el tráfico de personas, esto así por la condiciones especiales de país puente del trasiego de drogas que tiene la República Dominicana, principalmente hacia territorio norteamericano, además de las características propias del lavado de activo que hoy día no conoce fronteras y precisa de una repuesta global y coordinada.
II. Piden extender investigación a Fiscales y Tribunal Superior Administrativo, (TSA).
La entidad de sociedad civil pidió que las investigaciones sean profundizadas y extendidas al Ministerio Público y también al Tribunal Superior Administrativo, ciertamente la justicia viene siendo objeto de denuncias y rumores retirados sobre la ocurrencia de prevaricaciones judiciales, las cuales incluyen al ministerio público y a miembros de la policía nacional.
A juicio de Potentini el Tribunal Superior Administrativo debe ser intervenido por el consejo del poder judicial, esta importante instancia con su dejadez, inoperancia y mora judicial se ha convertido en un aliado de la corrupción política, donde un simple amparo de acceso a la información pública dura 8 meses y hasta un año, estamos en presencia además de una instancia inconstitucional, la cual le roba a los ciudadanos un grado de jurisdicción por la falta de los tribunales contencioso administrativo de primera instancia, instituidos por mandato de la constitución de la república en sus artículos 164 y siguientes.
Potentini sugiere sobre el Ministerio Público y los propios jueces, el hacerle una auditoria de resultados, verificando una muestra representativa de los casos fallados y manejados por estos, como forma de establecer mecanismos de alarma y seguimiento de las conductas de jueces y fiscales.
