DIARIOVISION.- Santo Domingo.- La Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó una solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de uno de los imputados en el caso de presunta estafa inmobiliaria denunciado por una pareja de empresarios, quienes alegan haber perdido US$300,000 en la compra de un apartamento.
La decisión, emitida el 17 de abril de 2026 mediante la resolución 046-2026-TINC-00042, desestimó el pedido del imputado Frank Antonio Pimentel Fernández de suspender el proceso hasta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre un recurso de casación interpuesto contra una decisión previa de la Corte de Apelación.
El tribunal concluyó que, conforme al Código Procesal Penal, los recursos interpuestos no tienen efecto suspensivo y, por tanto, no pueden paralizar el conocimiento del juicio. En ese sentido, consideró improcedente la solicitud, al entender que la normativa no contempla el sobreseimiento del proceso penal en las condiciones planteadas.
El caso se vincula a la querella interpuesta por los empresarios José Enrique Yáber y Michelle Pomares, quienes denuncian que, tras pagar US$300,000 por un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte, en el Distrito Nacional, la unidad habría sido transferida a terceros sin su consentimiento.
La acusación penal privada incluye cargos por abuso de confianza y bancarrota, en un expediente que también involucra a otros imputados y varias sociedades comerciales presuntamente vinculadas a las operaciones cuestionadas.
Según los querellantes, el proceso judicial, iniciado en 2021, ha atravesado múltiples incidentes, incluyendo decisiones de archivo, recursos de apelación y cuestionamientos sobre la admisibilidad de la acción penal. Una resolución de la Corte de Apelación había ordenado previamente la continuación del caso en jurisdicción de juicio.
En su decisión más reciente, la jueza Diana P. Moreno Rodríguez sostuvo que la eventual decisión de la Suprema Corte sobre el recurso de casación surtirá efectos en la fase procesal correspondiente, sin que ello implique detener el curso del juicio en marcha.
El tribunal también dispuso reservar las costas procesales para ser decididas junto con el fondo del caso y ordenó la notificación de la resolución a las partes.
Con este fallo, el proceso continúa su curso en el tribunal de primera instancia, en medio de las expectativas de los querellantes de que el caso sea finalmente conocido en juicio de fondo tras varios años de litigio.
