La protesta, que reunió a unos 50.000 mil habitantes, fue convocada a través de las redes sociales, sin ningún líder al frente, aunque confluyeron en ella una amplia gama de sectores, desde empresarios, académicos y miembros de iglesias hasta defensores de los derechos humanos y de la diversidad sexual.
Tuvo como punto central la Plaza Central en el centro histórico de la capital guatemalteca. Varias marchas fueron programadas en otros 10 departamentos del país.
Con el slogan #RenuncienYa y #16M los manifestantes exigieron poner fin a la corrupción, pero además que el presidente Otto Pérez Molina deje el poder, bajo el argumento de que habría participado en actos de esa naturaleza. El mandatario ha negado tener algo que ver y ha dicho que este flagelo debe combatirse. Las protestas también se dirigieron contra la campaña del candidato presidencial Manuel Baldizón, que lleva el lema «le toca».
Los manifestantes hicieron ver su malestar sobre ésta por medio de carteles que afirmaban: «No te toca». Oneida Najarro, quien participó con su familia en la marcha, dijo que la protesta es un mensaje para todos los políticos que quieran participar en las próximas elecciones en septiembre.
«El poder es soberano en el pueblo y deben respetar lo que el pueblo pide; ya no queremos más corrupción», afirmó Najarro. Geovanni Vásquez, empresario y asistente a la protesta, dijo que es uno de tantos guatemaltecos que se siente indignado. «Indignado ante la gran corrupción que los gobernantes en Guatemala han hecho; han abusado de la confianza del voto que uno les ha dado, creyendo que ellos iban a ser confiables e iban a llevar al país a un mejor desarrollo», explicó. La gota que derramó el vaso de la paciencia de los guatemaltecos fue que el 16 de abril la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pusieron al descubierto la existencia de una red de funcionarios y particulares que defraudaron al fisco por millones de dólares.
El escándalo de corrupción puso en una grave crisis la institucionalidad del país, que incluso obligó a renunciar a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Según las autoridades, la red era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de Baldetti.
A través de 66.000 escuchas telefónicas, las autoridades determinaron que empresarios sobornaban a los funcionarios y éstos a su vez compartían sobornos con particulares, con el fin de evadir impuestos. Al menos 27 personas han sido capturadas y ligadas a proceso por dicho desfalco.
