Nota enviada.-
DIARIO VISION.-Santo Domingo, Rep. Dom.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), en ocasión de celebrarse en Washington DC, el 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), participará en el conocimiento de una audiencia temática, el próximo sábado 18 de marzo por el impacto negativo y criminal de la minería en la República Dominicana. El referido periodo de audiencias públicas tendrá efecto durante los días del 15 al 22 de marzo, con la presencia de varios países, abordando lo más diversos temas y violaciones.
El sometimiento por ante la instancia de protección de los derechos humanos busca poner de relieve las violaciones recurrentes y reiterativas en la industria extractiva, puesta de manifiesto en la conculcación a los derechos fundamentales de los dominicanos, concretados en la poca transparencia en el acceso y manejo de la información extractiva, el pasivo medioambiental sin remediar, la violación al derecho a la salud, las expropiaciones de terreno con vocación minera sin el pago correspondiente a sus legítimos dueños, el envenenamiento de las aguas y ríos, el desplazamiento de comunidades por las devastaciones de la flora y la fauna, en fin todo el drama social y humano que esto supone.
Los alegatos centrales estarán orientados fundamentalmente a la actividad de explotación de la BARRICK GOLD y de la empresa DOVENCO, esta última concesionaria para la explotación de los recursos de bauxita en pedernales.
La FJT será representada por su presidente Trajano Potentini, quien estará haciendo causa común con Guatemala y Nicaragua, países que también serán escuchados por el alto organismo, con similares propósitos a los de República Dominicana en sus respetivos contextos.
Asimismo suscriben la instancia de sometimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD, el Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), con el apoyo de comunidades afectadas por la minería de los poblados de La Piñita, Tocoa y el Yagal de la Provincia Sánchez Ramírez, además de otras entidades procedentes de Perú, Nicaragua, Guatemala y el acompañamiento y asesoría técnica del Due Process of Law Foundation (DPLF), de Washington.
La delegación dominicana estará compuesta por una representación de las comunidades afectadas, una institución representativa del ENTRE y por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Dr. Antonio Medina Calcaño.
