Diariovision.do La Justicia Abierta invita a repensar el sistema judicial como un espacio de interacción entre el Estado y la ciudadanía, más allá de la transparencia documental y el acceso a datos.
Se trata de construir un sistema inclusivo, accesible, participativo y éticamente comprometido con los derechos de todas las personas, especialmente aquellas históricamente marginadas.
En los últimos años, República Dominicana ha registrado avances significativos en materia de apertura judicial. Entre ellos, destacan la implementación de políticas de transparencia activa, la digitalización de procesos judiciales, la publicación de sentencias y estadísticas judiciales, y la creación de canales de atención ciudadana.
Estas iniciativas reflejan no sólo un progreso técnico, sino también un compromiso ético con la rendición de cuentas y la justicia para todos.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) resalta plataformas como la Juriteca y el sistema de Acceso Digital a Expedientes, que facilitan la consulta de decisiones judiciales sin barreras físicas ni burocráticas.
Asimismo, el país se ha integrado formalmente a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), elaborando un Plan de Justicia Abierta con compromisos concretos en transparencia, participación y justicia centrada en las personas.
Entre los ejemplos concretos de justicia abierta destacan el Observatorio del Poder Judicial, que monitorea casos de alto impacto social, y los Centros de Mediación de Conflictos y Casas Comunitarias de Justicia, que acercan la justicia a las comunidades y promueven la resolución pacífica de conflictos.
Por otro lado, el programa Justicia y Sociedad, impulsado por la Escuela Nacional de la Judicatura, ha realizado más de 94 actividades con impacto directo en 4,739 personas. Esta iniciativa promueve la integración de jueces en sus comunidades, fortaleciendo el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía y humanizando la función jurisdiccional.
Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para mitigar las barreras estructurales que limitan el acceso a la justicia: el lenguaje jurídico sigue siendo inaccesible, los servicios judiciales están concentrados en zonas urbanas y grupos vulnerables enfrentan obstáculos específicos.
Necesitamos seguir incentivando los mecanismos permanentes de consulta ciudadana, plataformas digitales inclusivas y, sobre todo, aunar esfuerzos para que estas iniciativas formen parte del ADN institucional.
Finalmente, FINJUS reafirma su compromiso de seguir acompañando, proponiendo y vigilando los avances hacia una justicia que no solo se vea abierta, sino que se sienta justa.
La ética institucional es el fundamento de la Justicia Abierta.
La apertura sin ética puede convertirse en simulacro, pero cuando la transparencia se acompaña de integridad, compromiso con los derechos humanos y vocación de servicio, estamos ante una verdadera transformación.
