Por Praede Olivero .-
DIARIO VISION.-La Suprema conocera este lunes 16 de enero, 2016, el recurso de casación interpuesto por la imputada Diana Alejandra Batista Cespedes y su abogado Felix Humberto Portes Nuñez, contra la sentencia numero 319-2016-00061, dictada y notificada el 30 de junio, 2016, por la Corte de Apelacion del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, recurrida el 3 de agosto, 2016, es decir, 34 dias calendario y 24 dias hábiles después y admitido en violacion a los artículos 418 y 427 del Codigo Procesal Penal, que establecen un plazo de 20 dias para el mismo, por lo que el alto tribunal deberá volver sobre sus pasos para declarar la inadmisión del recurso.
El hecho de la admisión se produce por una maniobra fraudulenta de la imputada y su abogado, con el concurso de la Secretaria de la Corte de Apelacion, los que al percatarse de que el recurso era tardío y por ende inadmisible, fabricaron una notificación en Najayo el 19 de junio, 2016, la que era innecesaria, pues ya se había notificado, lo que se prueba con varios actos y certificaciones, incluso de la misma secretaria, a la que hemos pedido investigar y que a lo mejor correra la misma suerte de tres empleados de la justicia en Barahona, cancelados por las maniobras ilegales de Felix Portes.
Pero esa maniobras de Felix Portes no son nuevas ya que, en este mismo caso falsifico un certificado medico de la imputada para decir que estaba amamantando y procurar su libertad en una medida de coerción, cuando su ultimo niño tenia 4 años fracasando en su propósito; falsifico un acto de notoriedad y otros documentos para solicitar la declinatoria del caso de Bahoruco, lográndolo, por lo que el caso fue declinado a San Juan; ya en San Juan, falsifico el acta de los bomberos sobre el origen y la causa del incendio, fracasando, ya que su acta no tuvo valor probatorio y la imputada fue condenada a 20 años de prosion.
El colmo de este señor que dice ser abogado, auxiliar de justicia, fue escoger uno de sus empleados, el señor Ismael Rafael de Peña Rodriguez, alguacil de Santiago cancelado por sus faltas, para fabricarle un papelito, que dicen ellos es un pagare, para pedir un auto, embargar a la misma imputada, demandar la validez de embargo para sacar del Banco de Reservas RD$40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS M/N) que tenemos embargados, en base a los RD$20,000,000.00 (VEINTE MILLONMES DE PESOS M/N) que impusieron de indemnización). Para este procedimiento ilegal en base a un supuesto pagare sin notaria, ni registro, escogieron los tribunales de San Fraqncisco de Macoris, en las provincia Duarte, viviendo el demandante en Santiago, siendo la demandada de Barahona y estando presa en Najayo, los que indica que esos jueces son incompetentes, pero ni de oficio, ni demandándoselo, por mas pruebas que le aportan se quieren desapoderar.
Esta claro que andan detrás de ese dinero, que también reclama y ha embargado el ingles Joseph Cemlin Williams, el hombre y su dinero disputados en la desgracia de Tamayo, uno de los motivos del crimen, el que alega un robo de la imputada, mientras laboraba en el servicio de su casa y le hacia favores sexuales.
Ante tanta podredumbre, ante tanta pus del nacio y el trejido social de la justicia y de toda la sociedad, la Suprema Corte de Justicia debe actuar como infectologa y como cirujana, frente a este y todos los casos, no importa que estén involucrados sus empleados, abogados corruptores e imputados criminales, poniendo un ejemplo claro y preciso en este caso, revocando la admisión del recurso tardío, declarándolo inadmisible, o por lo menos rechazándolo, si mantiene la admisión, con lo que confirmaria la justa sentencia y mandaria un mensaje a la sociedad, en especial a la familia Brito Serrano, que vive un calvario, que tiene su casa quemada como tumba, de un hogar destruido y que como tantas familias clama justicia.